TIERRA VENDIDA

"La Patagonia es argentina solo por casualidad.
El hombre que lo dice está sentado detrás de un
escritorio de roble: su historia es una entre miles.
Es un viejo hacendado de la provincia de Buenos
Aires. Fue dueño de campos dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi pero resolvió venderlos. Corría la ampulosa
década de los 90 cuando apareció por su casa de madera y
piedra, levantada entre bosques de arrayanes y arroyos
verdes, un magnate norteamericano que le ofertó 15 millones
de dólares por el paraíso. Si le quedaba alguna duda,
semejante cantidad de dinero alcanzó para despejarla:
–Entonces hicimos la escritura… Sabe, hay gente
muy seria trabajando en la venta de la Patagonia... Como
le decía, escrituramos y yo me volví a mis campos de la
provincia de Buenos Aires. Hay lugar para todos bajo el
cielo de la Argentina. El sur del país, por otro lado, siempre
fue de extranjeros.
La expresión puede resultar provocadora, pero está
tomada de la realidad y se trata de una afirmación con
anclajes en el pasado: el fin del mundo siempre despertó
el interés de hombres venidos de otras latitudes. Los
primeros exploradores de la Patagonia fueron ingleses
lanzados a la conquista de los mares, científicos europeos
movidos por la sed del descubrimiento, salesianos
llevando la cruz o exiliados en situación de miseria que
vinieron para hacer la América, a pesar de la hostilidad
del clima dominante. Luego aparecieron los dueños de
la tierra, provenientes de Chile, Gales, Polonia, Escocia,
Yugoslavia, Dinamarca, Inglaterra, Holanda. Los indígenas
no representaron un problema: los del norte de la Patagonia
fueron barridos por la Campaña del Desierto, en 1879;
y los de más al sur, se terminaron convirtiendo en la mano
de obra necesaria para los trabajos agrarios. Finalmente,
hace quince años, comenzaron a llegar los millonarios.
No fue una avanzada aislada. La Argentina de Carlos
Menem invitaba con su política de inversiones a comprar
"la tierra que sobra", según palabras del ex presidente, y
una marea de corporaciones y particulares le hicieron
caso. Algunos desembarcaron en el país con fines extractivos
y productivos, otros lo hicieron buscando solaz
y esparcimiento. La Patagonia fue ganando fama mundial
y se convirtió en un diamante apreciado, el último
rincón del mundo por poblar: un espacio de horizontes
lejanos, un barrio privado alambrado con montañas y
ríos o el lugar deshabitado donde los hombres pueden
darse el gusto de sentirse el primer hombre. La Argentina
ofrecía el marco ideal para que vinieran todos.
La Secretaría de Seguridad Interior (SSI) es el organismo
que se encarga de autorizar las compras forasteras
en las llamadas zonas de seguridad. Estas áreas cubren
150 kilómetros desde los límites cordilleranos hacia el
centro del país y 50 kilómetros desde las costas, en la
misma dirección. Se trata de los espacios con mayor concentración
de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables,
minerales y reservas de agua dulce.
Entre 1996 y 1998, estando a cargo de Miguel Ángel
Toma, la SSI aprobó la venta de 8 millones de hectáreas
a extranjeros, particulares o sociedades anónimas. Desde
2004 a la actualidad, los pedidos de permisos para
compras en esas zonas fueron 1.100. Hasta el cierre de
esta investigación, se habían otorgado 13 autorizaciones
a corporaciones y particulares del exterior: sumaban
130.000 hectáreas.
No existe en el país una ley federal que regule la venta
10
de tierras a extranjeros. Se puede comprar lo que sea en
cualquier lugar, si se cuenta con el capital suficiente, incluso
adentro de los parques nacionales. Aprobar mensuras,
conseguir los permisos municipales, lograr la autorización
de la Gendarmería Nacional para instalarse cerca de
las fronteras, no parecen ser problemas: el dinero es capaz
de voltear las barreras que impone la burocracia. Cada
provincia, por otro lado, es dueña de disponer de su tierra
fiscal como mejor le convenga y es ahí donde surgen
zonas oscuras, corruptelas municipales y fantasmas
vinculados con la entrega de tierra.
Fuentes del Ejército argentino señalan que el 10% del
suelo nacional –270.000 kilómetros cuadrados– está
vendido a extranjeros y que 32 millones de hectáreas correspondientes
a las mejores tierras cultivables del país
están en venta o en proceso de ser vendidas a inversores
foráneos. Pero, además, existen quince proyectos de ley
en lista de espera, impulsados por la Federación Agraria
y distintos bloques políticos, que buscan controlar y limitar
ese tipo de compras. Claro que no avanzan. Diferentes
intereses, casi siempre vinculados a negociados espurios,
favorecen esta especie de vacío legal.
No es ilegal vender tierra a extranjeros, cualquier país
del mundo lo hace, pero debería seguirse el desarrollo de
los proyectos de inversión prometidos. Sin embargo, los
funcionarios admiten la debilidad y la falta de control".



Del libro "La Patagonia vendida " de Gonzalo Sanchez