La presidenta Cristina F. de Kirchner envió al Congreso de la Nación el veto al proyecto de ley 26.418, que había sido sancionado el 22 de octubre de este año y cuyo contenido apuntaba a una estricta protección de los glaciares argentinos y las zonas periglaciares.
La norma enumeraba puntualmente cada una de las actividades vedadas, en una exhaustiva y puntual mención de la explotación minera, entre otras cuestiones.El artículo 6º, objetado por la Presidencia, solicitaba se prohíban actividades que puedan afectar a los glaciares tales como: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura (exceptuando a las de investigación científica), la explotación minera o petrolífera, y la instalación de industrias o de desarrollo de obras industriales.
La Asamblea Ambiental Ciudadana expresó que Cristina vetó la ley, dejando sin resguardo necesario a una de las mayores fuentes de agua dulce del mundo y afectando, de manera principal, a su provincia, Santa Cruz. Lo hizo a través del decreto 1837 , en el que detalla que “repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo entendió que "no debía omitirse en estos casos las opiniones de los gobiernos cordilleranos respecto de impedimentos que puedan obstaculizar su desarrollo" y también consideró los problemas existentes en la demarcación de los límites internacionales.
La presidenta, a pesar de que disfruta sus fines de semana cerca del Perito Moreno, decidió no destinar fondos para la conservación de los hielos.
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